1. Introducción
Discutir los casos de corrupción y mala actuación del parlamento peruano es necesario porque ayuda a exponer la mala conducta de los “padres de la patria”, lo que lleva a una mayor transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios gubernamentales. Al abordar estos problemas, se puede restaurar la confianza pública en el gobierno y fortalecer la democracia. Abordar la corrupción y la mala conducta asegura que aquellos que abusen de su poder o violen la ley rindan cuentas ante la justicia. Esto refuerza el estado de derecho y envía un mensaje claro de que tales acciones no serán toleradas.
Al destacar y discutir los casos antidemocráticos y abusivos del parlamento, puede crear un efecto disuasorio para futuros actos de corrupción. También puede conducir a reformas y mejoras en los sistemas gubernamentales para prevenir mejor tales acciones en el futuro. La corrupción y la mala conducta en el parlamento pueden tener un impacto negativo en los derechos y el bienestar de los ciudadanos peruanos. Discutir estos casos puede ayudar a garantizar que los derechos de las personas sean respetados y protegidos, y que el gobierno trabaje en beneficio de sus ciudadanos.
Igualmente puede contribuir al fortalecimiento de la democracia. Una democracia saludable requiere un debate abierto y una participación activa de los ciudadanos. Discutir estos casos fomenta el compromiso cívico y permite a los ciudadanos desempeñar un papel activo en la formación del futuro de su país. El momento es propicio, porque a las protestas de los ciudadanos, que no ceja desde el inicio del mandato de la actual presidenta, se ha sumado el rechazo de los gremios empresariales y los sindicatos de trabajadores al proyecto de ley sobre el crimen organizado, que no tienen el objetivo de combatir la delincuencia, sino de descalificar a candidatos de la oposición y exculpar a políticos afines y delincuentes comunes.
2. El Contexto
En la actualidad, la democracia y sus valores fundamentales se ven amenazados en diversos países alrededor del mundo. En el caso específico del parlamento peruano, se ha evidenciado una notable decadencia en cuanto a su compromiso con la transparencia, la representatividad y el bienestar de la ciudadanía. Con tan solo un 5% de aceptación por parte de la población, este órgano legislativo ha caído en una profunda crisis que pone en tela de juicio su legitimidad y su función primordial en el sistema político del país.
El parlamento peruano, que debería ser la máxima expresión de la voluntad popular, se ha alejado paulatinamente de los principios democráticos que deberían regir su actuar. Las recientes movilizaciones ciudadanas que exigían la renuncia de todos los parlamentarios, bajo el lema de «que se vayan todos», fueron brutalmente reprimidas, dejando un saldo trágico de decenas de muertos y heridos. Este lamentable episodio evidenció la falta de sensibilidad y empatía de aquellos que se autodenominan «Representantes del pueblo».
Resulta preocupante la forma en que el parlamento peruano ha asumido un rol autoritario, dictando leyes que benefician principalmente a los sectores más acomodados de la sociedad y a la derecha política del país. En lugar de velar por el interés común y promover la justicia social, se han enfocado en legislar en favor de los poderosos, profundizando así las desigualdades y perpetuando un sistema injusto y excluyente.
Es especialmente alarmante que el parlamento peruano se arrogue el título de «Primer poder del Estado», a pesar de una decisión del Tribunal Constitucional que lo ha desmentido. Su actuación dista mucho de ser ejemplar y transparente. La opacidad en la toma de decisiones, la corrupción rampante y la falta de rendición de cuentas han contribuido a socavar la confianza de la ciudadanía en esta institución, generando un clima de descontento y desafección política que pone en riesgo la estabilidad democrática del país.
Ante esta situación crítica, es imperativo que se tomen medidas urgentes para restaurar la confianza en el parlamento peruano y para recuperar los valores democráticos que han sido menoscabados. La rendición de cuentas, la transparencia en la gestión pública y la participación ciudadana activa son pilares fundamentales que deben ser fortalecidos para garantizar que las decisiones legislativas reflejen verdaderamente los intereses y necesidades de la población en su conjunto. En este contexto en que el parlamento, asume poderes dictatoriales desde la caída del depuesto presidente Castillo, se han manifestado en contra solamente el pueblo reprimido, las instituciones internacionales de derechos humanos, la bancada izquierdista en el parlamento y recientemente la Junta de Fiscales y los gremios empresariales. (Lobatón P. D. 2024)
3. Lista de Medidas Impopulares Dictadas por el Parlamento
A continuación, una lista de medidas impopulares del parlamento contra sectores de la población peruana en años recientes:
• Aprobación de la ley de «ensalada de letras» en 2021: Eesta ley buscaba modificar el sistema de elección de jueces y fiscales, pero fue ampliamente criticada por ser confusa y por potencialmente afectar la independencia del Poder Judicial.
• Negaciones de confianza a gabinete ministerial y ministros del presidente Castillo en innúmeras oportunidades, lo que generaba crisis política y que llevó a la disolución del Congreso que motivo el golpe de estado contra el presidente hoy ilegalmente preso..
• Aprobación de la ley de publicidad estatal en 2020: Esta ley fue criticada por supuestamente buscar favorecer a medios de comunicación afines al gobierno y por potencialmente limitar la libertad de expresión.
• Aprobación de la ley de inmunidad parlamentaria en 2020: La ley de inmunidad parlamentaria generó controversia ya que fue percibida por muchos como un intento de los congresistas de protegerse a sí mismos de investigaciones por corrupción y otras irregularidades.
• Aprobación del proyecto Tía María en 2019: El proyecto minero Tía María en la región de Arequipa generó fuertes protestas y rechazo por parte de la población local debido a preocupaciones ambientales y sociales. El Congreso fue criticado por aprobar el proyecto sin tomar en cuenta la oposición de las comunidades afectadas.
• Rechazo a la paridad de género en las listas electorales en 2021: En 2021, el Congreso rechazó un proyecto de ley que buscaba establecer la paridad de género en las listas electorales para las elecciones parlamentarias. Esta decisión fue ampliamente criticada por organizaciones de mujeres y grupos de derechos humanos.
• Aprobación de la ley de promoción agraria en 2020: Esta ley generó controversia ya que fue percibida como favorable a los grandes agroexportadores y perjudicial para los pequeños agricultores. Se argumentó que la ley debilitaba la protección laboral de los trabajadores agrícolas y afectaba negativamente al sector agrario nacional.
• Reducción de la pena por el delito de feminicidio en 2022: En 2022, el Congreso aprobó una ley que reducía la pena mínima por el delito de feminicidio de 25 a 15 años. Esta decisión fue fuertemente criticada por organizaciones de mujeres y grupos de derechos humanos, quienes argumentaron que la reducción de la pena minimizaba la gravedad del crimen.
• Aprobación de la ley de control de internet en 2021: Esta ley generó preocupación entre grupos de libertad de expresión y organizaciones de la sociedad civil debido a sus disposiciones que permitían el bloqueo de contenido en línea sin una orden judicial previa.
• Aprobación del aumento de sueldo para congresistas en 2020: En medio de la pandemia de COVID-19, el Congreso aprobó un aumento de sueldo para los congresistas, lo que generó una fuerte reacción negativa por parte de la población, que consideró la medida como insensible e inapropiada en un momento de crisis económica y sanitaria
• En 2023, se aprobó una ley que impide que los partidos políticos sean procesados por corrupción, estableciendo que la responsabilidad penal se aplica de manera colectiva y no individual. Sin embargo, en 2024, un dictamen aprobado por el Congreso pretende fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos en la lucha contra la corrupción.
• En 2023, se han denunciado casos de manipulación de fondos públicos, sobornos y desviación de recursos en caso de la administración de obras públicas, lo que ha llevado a la investigación y y procesamiento de algunos parlamentarios.
(Wikipedia.2024) y (Noceda Walter. 2024)
4. Lista de Medidas del Parlamento Peruano Cuestionadas por los Organismos Internacionales
También tenemos una lista de medidas del parlamento peruano cuestionadas por los organismos internacionales, especialmente de derechos humanos:
• Reformas judiciales: En 2021, el Parlamento peruano impulsó una serie de reformas judiciales que fueron cuestionadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH expresó su preocupación argumentando que estas reformas podrían debilitar la independencia del poder judicial y afectar la lucha contra la corrupción e impunidad en el país.
• Despenalización de la difamación: En 2020, el Parlamento peruano derogó una ley que penalizaba la difamación, lo que fue aplaudido por grupos de libertad de expresión. Sin embargo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras organizaciones internacionales de prensa expresan su preocupación por la inclusión de una cláusula que permite demandas civiles por daños y perjuicios sin un límite máximo, lo que podría tener un efecto disuasorio en el periodismo crítico. .
• Derechos de los pueblos indígenas: Organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, han expresado su preocupación por la falta de protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas en Perú. Han instalado al Parlamento peruano a tomar medidas concretas para salvar sus tierras, territorios y recursos, y para garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones.
• Criminalización de la protesta social: La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación por la criminalización de la protesta social en Perú. Han instalado al Parlamento a garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica ya revisar las leyes que penalizan la protesta social, asegurando que se respetan los estándares internacionales de derechos humanos.
• Derechos reproductivos: El Parlamento peruano ha sido criticado por organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la CIDH y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por no garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva seguros y legales. Han instalado en Perú a revisar su legislación restrictiva sobre el aborto ya garantizar el acceso a la educación sexual y reproductiva integral.
• Protección de personas defensoras de derechos humanos: La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por los ataques y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en Perú, incluyendo líderes indígenas y activistas ambientales. Han instalado al Parlamento peruano a implementar medidas concretas para su protección y garantizar un entorno seguro para su trabajo.
• Refugiados y migrantes: La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha expresado su preocupación por algunas políticas migratorias aprobadas por el Parlamento peruano que podrían afectar los derechos de refugiados y migrantes. Han instalado en Perú para garantizar que sus leyes y políticas estén en línea con las obligaciones internacionales de derechos humanos.
• Es importante destacar que esta lista puede no ser exhaustiva y que hay otros temas y que también han sido cuestionadas por organismos internacionales de derechos humanos. (CIDH. 2023
5. Casos de Corrupción que Involucran a Partidos Políticos y Miembros del Parlamento
Los Casos de corrupción que involucran a partidos políticos y miembros del parlamento peruano, y que han sido sancionados o están en proceso de investigación en los últimos tres años es larga, aquí presentamos algunos casos notables:
• Caso Lava Jato: Este es uno de los casos de corrupción más notorios en Perú en los últimos años, con implicaciones para múltiples partidos políticos. La investigación reveló sobornos y lavado de dinero por parte de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios peruanos. Varios miembros del Parlamento han sido implicados, incluida Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, quien fue detenida preventivamente en 2020 y liberada en 2022 mientras continúa la investigación.
• Irregularidades en la contratación de trabajadores en el Congreso (2019): Se identificó un proceso preliminar por irregularidades en la contratación de personal en el Congreso en noviembre de 2019, cuando este poder del Estado ya se encontraba disuelto. Entre los beneficiarios se encontraron personas cercanas al partido Fuerza Popular, incluida Jeny Vílchez, quien trabajó en el despacho de Keiko Fujimori.
• Caso Los Cuellos Blancos del Puerto: Este caso involucra a una presunta organización criminal dentro del sistema de justicia peruano, incluyendo jueces, fiscales y políticos. El congresista de Fuerza Popular, César Segura, fue acusado de presuntamente intentar influir en la elección de jueces y fiscales a favor de su partido. En 2022, fue sentenciado a 6 años de prisión suspendida y una reparación civil de S/100,000 soles.
• Caso Richard Swing: Este escándalo involucró al cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, quien recibió pagos excesivos del Estado por supuestos servicios de charlas motivacionales durante la pandemia. La investigación reveló presuntos favores políticos y tráfico de influencias por parte de funcionarios del gobierno, incluido al entonces presidente Martín Vizcarra. La investigación continúa y varios miembros del Parlamento han sido implicados.
• Caso Vacunagate: Este caso surgió en 2021 cuando se reveló que altos funcionarios del gobierno, incluido al entonces ministro de Salud, habían recibido vacunas contra el COVID-19 de manera irregular antes de que estuvieran disponibles para la población general. Si bien no involucró directamente a miembros del Parlamento, el escándalo llevó a una crisis política ya la renuncia del presidente Vizcarra.
• Caso Los Temerarios del Crimen: En 2022, se reveló una presunta organización criminal dentro del sistema penitenciario peruano, involucrando a funcionarios públicos y políticos. El congresista de Unión por el Perú, José Luna Gálvez, fue acusado de presuntamente recibir favores de la organización a cambio de beneficios políticos. La investigación continúa.
• Caso Ecoteva: Este caso involucra al expresidente Alejandro Toledo, quien fue acusado de lavado de activos y corrupción durante su mandato. En 2022, se reveló que la justicia peruana había emitido dos órdenes de prisión preventiva en su contra en 2017, y se encontró prófugo en los Estados Unidos. El caso continúa en investigación.
• Caso Comunicore: Este es un caso de corrupción y lavado de activos que ocurrió en 2005 e involucró a la Municipalidad de Lima y al exalcalde Luis Castañeda Lossio. Castañeda fue excluido del proceso en 2013, pero el caso sigue en curso y es considerado emblemático por el posible monto de reparación civil implicado.
• Caso Los Operadores: En 2022, el congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Guillermo Bermejo, fue objeto de una orden judicial de allanamiento y registro domiciliario por presunto tráfico de influencias en el caso conocido como «Los Operadores de la Corrupción». La investigación continúa en curso.
• Caso de acoso sexual contra Harvey Colchado: En 2022, el congresista Harvey Colchado fue acusado de acoso sexual por una excolaboradora. La Comisión de Ética del Congreso recomendó su suspensión por 120 días, pero el pleno del Congreso redujo la sanción a 60 días. El caso generó protestas y críticas de organizaciones de mujeres y de derechos humanos.
• Caso de presunto tráfico de influencias y organización criminal en el Ministerio de Vivienda (2023): En febrero de 2023, se reveló una presunta red de corrupción dentro del Ministerio de Vivienda, en la que se implicó a la exministra Hania Pérez de Cuéllar y otros funcionarios. Se les acusó de presuntamente favorecer a ciertas empresas en la adjudicación de proyectos de vivienda a cambio de sobornos. La investigación continúa en curso.
• Caso de presunta corrupción en el Congreso relacionado con el Ministerio de Educación (2023): En marzo de 2023, se reveló un presunto caso de corrupción en el que congresistas de diferentes partidos políticos presuntamente solicitaron favores al Ministerio de Educación un cambio de votos favorables en el Parlamento. Se alega que los congresistas presionaron al ministro de Educación, Óscar Becerra, para que realizara nombramientos y transferencias de personal a favor de sus intereses políticos. La investigación está en curso y ha generado llamados para una reforma del sistema de nombramientos en el sector público.
• Caso de presunto lavado de activos y financiamiento irregular en el partido político Podemos Perú (2023): En abril de 2023, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el partido político Podemos Perú por presuntamente recibir aportes de origen ilícito durante la campaña electoral de 2020. . La investigación se centra en supuestas donaciones de dinero por parte de empresas fachada y la posible participación de testaferros. La líder del partido, la excongresista y excandidata presidencial, Ana Teresa Revilla, ha sido implicada en el caso.
• Caso de presunta corrupción en el Congreso relacionado con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) (2023): En mayo de 2023, se reveló un presunto caso de tráfico de influencias y corrupción en el proceso de elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Se alega que un grupo de congresistas, principalmente del partido Fuerza Popular, presionaron y coordinaron para influir en la elección de ciertos candidatos a favor de sus intereses políticos. La investigación está en curso y ha generado cuestionamientos sobre la independencia del sistema de justicia.
• Caso de presunta corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) (2023): En junio de 2023, se reveló un presunto caso de corrupción en el MTC relacionado con la adjudicación de contratos para la instalación de antenas de telefonía móvil. Se alega que funcionarios del ministerio recibieron sobornos a cambio de favorecer a ciertas empresas en la concesión de licencias y permisos. La investigación está en curso y ha involucrado a varios funcionarios de alto rango del MTC.
• Caso de presunta corrupción en el Parlamento relacionado con la industria farmacéutica (2023): En julio de 2023, se reveló un presunto caso de tráfico de influencias y corrupción en el que congresistas de diferentes partidos políticos presuntamente recibieron favores de empresas farmacéuticas a cambio de favores. legislativos. La investigación está en curso y ha generado preocupaciones sobre la integridad del sistema de salud y la posible influencia indebida de la industria en la formulación de políticas públicas.
• Es importante destacar que estas son acusaciones y que se presume la inocencia de los implicados hasta que se demuestre lo contrario en un proceso judicial. La lista puede no ser exhaustiva y hay otros casos de corrupción en curso que involucran a partidos políticos y miembros del Parlamento peruano (La Coordinadora. 2024).
6. Que Hacer Desde una perspectiva del pueblo afectado
Frente a la corrupción generalizada en el Parlamento peruano y sus impactos negativos en la democracia, los derechos ciudadanos y el estado de derecho, aquí hay algunas medidas y acciones que se pueden considerar desde una perspectiva del pueblo afectado y reprimido para promover la recuperación y fortalecer la gobernanza ética en el país:
a. Participación ciudadana y movilización social:
• Promover una cultura de participación ciudadana activa y comprometida. Los ciudadanos pueden organizarse, movilizarse y exigir transparencia, rendición de cuentas y reformas políticas. Las protestas pacíficas, las campañas de concientización y la participación en procesos democráticos (como referéndums, iniciativas legislativas ciudadanas y revocatorias) pueden ser herramientas poderosas para impulsar cambios.
• Fortalecer la sociedad civil y las organizaciones sociales de base, incluyendo sindicatos, asociaciones de vecinos, colectivos de derechos humanos y grupos de vigilancia ciudadana. Estas organizaciones pueden monitorear las acciones del gobierno y del Parlamento, denunciar casos de corrupción y abogar por los derechos y necesidades de las comunidades afectadas.
b. Reforma electoral y fortalecimiento de los partidos políticos:
• Promover reformas electorales que fomenten la representación proporcional, la paridad de género y la inclusión de minorías. Un sistema electoral más justo puede ayudar a diversificar la representación en el Parlamento y reducir el control de los partidos políticos tradicionales.
• Fortalecer los estándares de transparencia y rendición de cuentas para los partidos políticos, incluyendo la regulación del financiamiento de campañas y la sanción efectiva por incumplimiento. Promover la democracia interna en los partidos y fomentar la participación ciudadana en su toma de decisiones.
c. Fortalecimiento del sistema de justicia:
• Apoyar la independencia del sistema de justicia y promover reformas que garanticen su transparencia e imparcialidad. Fortalecer la Fiscalía y el Poder Judicial para que puedan investigar y sancionar efectivamente los casos de corrupción, asegurando su independencia del poder político.
• Promover la creación de mecanismos de justicia transicional para abordar los casos de corrupción sistémica y violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, asegurando la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.
d. Transparencia y acceso a la información:
• Promover leyes de transparencia y acceso a la información pública robusta, asegurando que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a información sobre las acciones del gobierno y del Parlamento. Utilizar tecnologías y plataformas digitales para facilitar la transparencia y la rendición de cuentas.
• Fortalecer el rol de los medios de comunicación independientes y el periodismo de investigación en la denuncia de casos de corrupción y en la vigilancia del uso de fondos públicos. Proteger a los denunciantes de irregularidades y garantizar su seguridad.
e. Educación y cultura cívica:
• Promover la educación cívica en todos los niveles educativos para fomentar una ciudadanía informada, crítica y comprometida con los valores democráticos y los derechos humanos. Desarrollar programas de formación ética para funcionarios públicos y representantes electos.
• Fomentar una cultura de integridad, responsabilidad y servicio público en la sociedad, rechazando la corrupción y promoviendo la denuncia de irregularidades.
f. Colaboración interinstitucional y regional:
• Fortalecer la colaboración entre las instituciones del Estado, incluyendo el Parlamento, el Poder Ejecutivo y el sistema de justicia, para combatir la corrupción de manera coordinada y efectiva.
• Promover la cooperación regional y las iniciativas internacionales para combatir la corrupción transnacional y el lavado de activos, asegurando que los responsables enfrenten consecuencias más allá de las fronteras nacionales.
g. Mecanismos de control y equilibrio:
• Fortalecer los mecanismos de control y equilibrio del poder, incluyendo la separación de poderes, la independencia de los organismos de supervisión (como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República) y el respeto a la libertad de expresión y al estado de derecho.
• Promover la creación de comisiones de investigación independientes y con poderes efectivos para investigar casos de corrupción sistémica y proponer reformas estructurales.
Es importante destacar que la recuperación de la democracia y el fortalecimiento del estado de derecho requieren un compromiso sostenido y una participación activa de la ciudadanía, en colaboración con instituciones estatales comprometidas con la transparencia y la rendición de cuentas. (INA. 2004) y (Jeri G.R. R. 2022)
7. Conclusión
En conclusión, la pérdida de los valores democráticos en la actuación del parlamento peruano constituye un desafío urgente que debe ser abordado con determinación y compromiso. Solo a través de un profundo proceso de transformación y renovación, basado en la ética, la justicia y la equidad, será posible recuperar la confianza de la ciudadanía y restablecer la legitimidad de esta institución clave en el sistema político del país. La democracia peruana merece un parlamento a la altura de sus desafíos y compromisos, un parlamento que realmente sea la voz del pueblo y trabaje en pos del bienestar colectivo.
Frente a la corrupción generalizada en el Parlamento peruano y sus impactos negativos en la democracia, los derechos ciudadanos y el estado de derecho, existen algunas medidas y acciones que se pueden considerar desde una perspectiva del pueblo afectado y reprimido para promover la recuperación y fortalecer la gobernanza ética en el país. El más importante de ellos, a pesar de la represión, es la persistencia de la movilización popular. Casos exitosos ocurridos en Ecuador y Chile son una buena referencia.
Tenemos el caso notable ocurrido en junio de 2024, el pronunciamiento de los gremios empresariales (Los favorecidos por la política del Gobierno) y sindicatos de trabajadores del país que rechazan el proyecto de ley, aprobado en primera votación por el Congreso de la República, que propone modificaciones en los artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado, debido a que se pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana en el país (Ver pronunciamiento citado en Anexo)
REFERENCIAS
CIDH. Comisión Internacional de Derechos Humanos. (2023) “CIDH publica Informe sobre situación de derechos humanos en el Perú”. Referencia: https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/083.asp
INA. Iniciativa Nacional anticorrupción .(2004) “Un Perú sin corrupción
Condiciones, lineamientos y recomendaciones para la lucha contra la corrupción “. Referencia: chrome- extension://mhnlakgilnojmhinhkckjpncpbhabphi/pages/pdf/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fjuridico%2Fspanish%2Fper_res27.pdf
Jeri Gloria Ramón Ruffner. (2022) “Corrupción, ética y función pública en el Perú”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM / Lima-Perú. Referencia:
https://www.bnp.gob.pe › uploads › 2022/05 › P…
La Coordinadora (2024). Organizaciones para el Desarrollo. “Alerta: el Congreso peruano debate propuestas que pondrían en riesgo el trabajo de la sociedad civil, incluida la cooperación internacional”. Referencia: https://coordinadoraongd.org/…/alerta-el-congreso…/
Lobatón P. D. (2024) “Tiempos recios para la democracia en Perú: derechos a la democracia y al adelanto de elecciones”. Referencia: https://facultad-derecho.pucp.edu.pe/…/tiempos-recios…/
Noceda Walter. (2024) “Percepción de la corrupción, ¿cómo le fue al Perú en el último reporte?”. Referencia. https://amcham.org.pe/…/percepcion-de-la-corrupcion…/
Ministerio Publico (2023). “Cómo combatir la Corrupción”. Fiscalía de la Nación Referencia: https://www.mpfn.gob.pe/fiscalias_anticorrupcion/prevencion/
Wikipedia (2024). ”Convulsión social”. Referencia: https://es.wikipedia.org/wiki/Convulsi%C3%B3n_social
ANEXO
Decisiones del Congreso de la República ponen en mayor riesgo la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado
1. Los gremios empresariales y sindicatos de trabajadores del país rechazamos el proyecto de ley, aprobado en primera votación por el Congreso de la República, que propone modificaciones en los artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado, debido a que se pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana en el país.
2. Es grave que se señale como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto, que tienen en zozobra a la población.
3. Cuestionamos la modificación que considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción.
4. Asimismo, estamos en total desacuerdo con que los allanamientos deban darse con la presencia del investigado y su abogado, lo que implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones e incluso facilitaría el eventual ocultamiento de pruebas de los casos.
5. Llamamos al Congreso de la República a que considere estas observaciones en la segunda votación del referido proyecto. Igualmente, esperamos que el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial sienten su posición frente a las citadas modificaciones que, de prosperar, harán que los peruanos estemos más expuestos ante extorsionadores, asaltantes y secuestradores. No podemos retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Alejo Lerzundi - Blog 